EFE
El acuerdo, entre otras exigencias, exhorta a los jueces, tribunales y funcionarios del Estado "a cumplir y ejecutar de forma inmediata decisiones, resoluciones, informes, opiniones, medidas o actos dictados por organismos internacionales de protección de derechos humanos", señala el texto.
La bancada oficialista votó en contra del acuerdo y afirmó que este viola las normas básicas del derecho internacional público, al interferir con el principio de la no injerencia en asuntos internos de los países, según dijo en el pleno el diputado chavista Edwin Rojas.
El texto aprobado exhorta al Estado a cumplir con los requerimientos realizados por el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU que instaron a poner en libertad al opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión por la violencia desatada tras una manifestación que inició las protestas de 2014 y que se saldó con la muerte de tres personas.
Asimismo, el documento pide cumplir la recomendación de Naciones Unidas de liberar al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, detenido en su residencia bajo arresto domiciliario, acusado de promover la violencia durante las protestas que se iniciaron con esa marcha y que acabaron con 43 muertos.
También llama a responder un requerimiento similar del grupo de trabajo de la ONU sobre el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, también arrestado en su residencia pero, en este caso, acusado de "conspirar" contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El acuerdo parlamentario incluye cumplir con recomendaciones similares del grupo de trabajo sobre los detenidos de esas protestas, entre ellos el dirigente Rosmit Montilla, quien fue elegido diputado en las pasadas legislativas y que permanece en prisión.
El acuerdo parlamentario solicita además garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales en el juicio contra la exjueza María Lourdes Afiuni Mora, a la que ha instado el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
