Desde el pasado 4 de febrero hasta la fecha, el Foro Penal Venezolano contabiliza un mil 600 personas detenidas por manifestar en las calles venezolanas. Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, enfatizó que uno de los puntos en los que están enfocadas sus investigaciones son las denuncias de tortura, cuya cifra llega a 59 casos, de los cuales 11 son de Valencia, donde se resalta el del joven universitario Juan Manuel Carrasco, quien fue presuntamente violado durante su detención en el Core2.
Romero destaca que de éstas, unas 800 se encuentran con medidas de libertad condicional y 47 personas se hayan privadas de libertad.
En lo que respecta a los asesinatos que se han cometido durante las protestas, el FPV maneja las cifras ofrecidas por la FGR, que hasta ahora se cuentan 29. “Sin embargo, nosotros debemos diferenciar no por importancia sino por el tipo de crimen, donde tenemos que 18 de éstos han sido ocasionados como resultados de represión, y los otros por accidentes o situaciones relacionadas con las barricadas, pero en línea general todas están vinculadas a la violación de los derechos humanos”.
Acerca de los allanamientos que se han venido ejecutando en distintas ciudades del país, Romero hizo alusión a un allanamiento perpetrado este martes en un edificio de 80 apartamentos, en Maracay estado Aragua. “Allí los funcionarios del Cicpc llegaron sin ninguna orden judicial diciendo que se trataba de un allanamiento genérico, término que no existe en nuestros mundo jurídico”.
El FPV ha recibido varias denuncias de allanamientos, en donde se habla de intromisión de la GNB en viviendas para llevarse a personas detenidas, así como de daños producidos a sus bienes.
El abogado reiteró que todos estos procedimientos son ilegales y marcan una situación diferente en este tipo de contextos, lo cual nunca había ocurrido en Venezuela, en lo que se refiere a agredir la integridad física de las personas cuando se encuentran en las calles manifestando, así como atreverse a violentar la privacidad y el derecho de las familias a preservar su propiedad privada, lo que se ha venido aplicando como un esquema sistemático por parte del Gobierno nacional en distintas ciudades.
Actualmente el FPV está asistiendo con sus abogados a personas que han sido detenidas en las marchas, durante audiencias diarias celebradas en Caracas, Lara, Carabobo y otros estados.
En el caso particular de las audiencias en Carabobo, la abogada Mayela Fonseca, miembro del FPV en la entidad informó que de los 171 detenidos, 12 han sido privados de libertad, 6 quedaron en libertad plena y el resto con medidas cautelares.
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