La representante de Carabobo como diputada a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela (Prove), Deyalitza Aray, aseguró que todos los parlamentarios están obligados constitucionalmente a ejercer funciones de contraloría en cada una de nuestras regiones, con el objetivo de garantizar el uso transparente y adecuado de los recursos económicos del Estado asignado para diversas obras en beneficio de las comunidades.
Manifestó su preocupación acerca de unos recursos aprobados en la AN para obras en el municipio Puerto Cabello. “Vemos con preocupación y así fue alertado en la plenaria, cómo el pasado mes de abril se aprobó un crédito adicional para la rehabilitación de pozos en los sectores San Lorenzo y Pitiguao, por un monto de 60 millones que la Gobernación de Carabobo inauguró el pasado mes de febrero a través del gobernador Francisco Ameliach, quien además expresó que eso solucionaría el déficit que por el bajo nivel de la represa de Canoabo mantenía a nuestra población con problemas de suministro”.
Alertó que en esa oportunidad solicitó que se verificara esta situación de asignación de recursos para una obra que ya había sido ejecutada e impedir se cometiera delito de presunta malversación. Destacó la diputada de Prove que ahora nuevamente el pasado martes 30 de junio de 2015 se introdujo un crédito adicional por 320 millones de bolívares para la Gobernación de Carabobo, de los cuales 20 millones son asignados a los pozos de San Lorenzo y Pitiguao.
“Este es un hecho que todos los diputados debemos investigar, estamos obligados a hacerlo quienes luchamos contra la corrupción y creemos que las necesidades comunitarias no pueden servir para cometer delitos contra el erario público”, aseveró.
No se trata de ninguna obstrucción, -dijo la parlamentaria-, quien no la debe no la teme, sin embargo, alertó “no voy a renunciar a mi responsabilidad de defender los intereses de los carabobeños y en este caso de los porteños, que a pesar de los trabajos y de la asignación de los recursos continúan padeciendo una sequía que pareciera no tener solución y cuya causa no es solo la natural, sino la irresponsabilidad de los distintos niveles de gobierno que no tomaron las previsiones para evitar esta grave crisis”.
Exigió respuestas y soluciones por parte de los distintos niveles de gobierno: “hasta cuándo los porteños vamos a estar sometidos a semejante situación que mantiene a la población en permanente zozobra y descapitaliza a los vecinos que deben pagar costosos camiones cisternas para abastecerse de agua, empobreciendo así cada vez a nuestra gente y enriqueciendo a los que tienen el negocio de la distribución del vital líquido”.
Finalmente Deyalitza Aray dijo que el dinero público debe ser invertido de forma transparentemente y en la Asamblea Nacional debemos asegurarnos de que así sea.
Prensa Proyecto Venezuela
